El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, ha firmado el Decreto 110, una nueva normativa que regula el consumo energético en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector privado. Esta medida surge en un contexto marcado por prolongados apagones que han afectado a gran parte de la población durante más de un año. El decreto establece límites y mecanismos de control para el uso de la electricidad en estos negocios, en un intento por optimizar el consumo energético en medio de la crisis energética que enfrenta el país. Sin embargo, la decisión ha generado interrogantes sobre su implementación, especialmente en relación con algunos negocios privados que, según señalan observadores, podrían estar vinculados a círculos de poder. La población cubana, afectada por restricciones eléctricas recurrentes, observa con escepticismo si las nuevas disposiciones afectarán de manera equitativa a todas las MIPYMES, incluyendo aquellas que, según alegaciones, podrían tener vínculos con figuras influyentes o sus familiares. Por el momento, no se han detallado públicamente los mecanismos de fiscalización o posibles sanciones para quienes incumplan las nuevas regulaciones. Mientras tanto, la medida se suma a una serie de acciones gubernamentales destinadas a enfrentar la crisis energética y que han generado diversos puntos de vista en la sociedad cubana.